El partido Movimiento Proyecto Sur Paraná manifiesta que, como no puede ser de otra forma, debe cumplirse el fallo de la Corte Suprema de la Nación, ya que la misma dicta sentencia sobre la cuestión de fondo, esto es, sobre la constitucionalidad de la norma. Lo cual no quita nuestros cuestionamientos a la forma en que viene actuando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la grotesca política de control de la comunicación que lleva adelante el oficialismo.
Desde su creación en 2007 Proyecto Sur planteó la necesidad de la democratización de los medios masivos de comunicación y el reemplazo de la Ley de Radiodifusión que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar, agravada por la Ley de Reforma del Estado de Carlos Menem que favoreció la concentración en grandes multimedios y que facilitaron la actuación de empresas extranjeras.
La ruptura de la alianza entre Clarín y el gobierno kirchnerista por desacuerdos en negocios abrió la oportunidad para avanzar en una ley verdaderamente democrática, no obstante, era sabido que esa no era la intención del oficialismo, sino ir contra Clarín y en favor de que las empresas telefónicas que constituyen aglomerados mucho más poderosos que el demonizado Grupo Clarín.
Entonces Proyecto Sur no se sumó a la oposición conservadora (Grupo A) que bloqueaba el tratamiento de una ley de medios y presionó para mejorar el proyecto oficialista logrando mejoras significativas que limitaban el intento de establecer un control absolutamente monopólico de las telefónicas buscado por el kirchnerismo y por ese motivo de votó a favor.
Pero el modo arbitrario de aplicar esta ley por parte del Poder Ejecutivo ha determinado que Fernando “Pino” Solanas y Alcira Argumedo hayan denunciado al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber aplicado una serie de artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; al tiempo que, la experiencia demuestra que se hace necesario un nuevo proyecto que limite la arbitrariedad de los gobiernos de turno sobre los medios masivos de comunicación, como así también, la concentración e influencia de capitales extranjeros en empresas licenciatarias.
Es decir que, con todos sus defectos, la Ley vigente debe aplicarse, máxime luego de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, en tanto máxima autoridad judicial argentina cuyas sentencias son de acatamiento obligatorio; como así también debe cumplirse en resguardo del principio de igualdad ante la ley establecido por la Constitución Nacional que obliga tanto al más humilde de los ciudadanos como a cualquier grupo económico por poderoso que sea. Pero el fallo no debe ser cumplido solo por Clarín sino el Gobierno no puede ponerse sobre la ley desoyendo al fallo en temas tales como publicidad oficial.
Y, como viene exigiendo Proyecto Sur, es obligatorio que se cumpla con el Plan Técnico necesario para el uso regular del espacio radioeléctrico, con lo cual el AFSCA impide el concurso público, abierto y permanente de las licencias, la regularización de las emisoras comunitarias y la reserva del 33% de las licencias que se destina a las entidades sin fines de lucro; que se asigne la totalidad de los fondos que la ley destina al apoyo a servicios de comunicación audiovisual comunitarios; la "cuota de pantalla" del cine nacional en televisión; etc.
