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Ya en la etapa de Cristina Kirchner, las medidas
"progresistas" estaban dictadas por las señales de agotamiento del
modelo nacido en enero del 2002 que no llegó a cuestionar el modelo
económicamente dependiente. Entonces, las coyunturas -determinadas por
el modelo extractivo exportador- generaba los aprietos
económicos-financieros y las necesidades de caja, que fueron
disfrazadas de convicciones políticas e ideológicas, por medio de un
inteligente "relato" para hacer pasar la "necesidad" como una virtud del
gobierno. Ya en su momento con la Res. 125, Proyecto Sur Entre Ríos manifestó su desacuerdo con la posición adoptada por las entidades rurales desde posiciones librecambistas agroexportdoras, pero también señaló que la mencionada ley era absolutamente injusta y con objetivos solamente recaudatorios ya que no establecía diferencia entre los distintos tipos de productores y que, por lo tanto, beneficiaba a la concentración de la riqueza en manos del capital financiero que invertía en pooles de siembra. Otro tanto ocurrió con la estatización de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo o la expropiación del 51 % de Repsol. Muchas de estas medidas habían sido propuestas por Movimiento Proyecto Sur y desechadas de plano por el gobierno, hasta que llegó el momento en que las circunstancias obligaron al Ejecutivo a llevarlas adelante. El caso más palpable es el de YPF. Hace años que Pino Solanas y Proyecto Sur vienen denunciando el vaciamiento y la falta de inversión en YPF y el creciente déficit energético que iba a conducir, inevitablemente, a la importación de gas y petróleo. Por supuesto que sufrimos todo tipo de ataques desde la prensa oficialista y desde los propios sectores de la militancia kirchnerista que pretendía desacreditar las posiciones de Proyecto Sur asimilándolo a un supuesto grupo A que integrarían los sectores conservadores de la política nacional. Hasta que la realidad los golpeó en la cabeza y tuvieron que reconocer que gastar 12 mil millones de dólares en la importación de petróleo y gas era algo inalcanzable para la economía argentina y resolvieron, de la peor manera posible, expropiar el 51% de YPF. Todo esto, en medio de un discurso esquizofrénico donde las culpas eran de cualquiera menos del gobierno, pese a que en Repsol había directores designados por el gobierno que habían aprobado todos y cada una de las decisiones adoptadas por la empresa española. No obstante, como digo al principio, la construcción del "relato" hacía entendible que muchos sectores vieran como progresistas estas políticas. Lo que no encuentra explicación es que, a partir de estos mismos parámetros, esos mismos sectores consideren que el gobierno provincial de Urribarri tenga características u orientaciones similares. El gobierno nacional puede decir -mediante cierto dibujo de los números- que en estos años se ha mejorado la capacidad adquisitiva de los salarios. En nuestra provincia ese discurso ni siquiera es posible intentarlo, ya que cualquiera sabe que se pagan los salarios mas bajos del país. A nivel nacional se puede exhibir una política de derechos humanos, que si bien referida a los años 70, tiene un importante reconocimiento. En la provincia de Entre Ríos todavía forman parte del gobierno personas que defendieron al represor suicidado Febres, tales como el Arq. Marelli y el representante en el Bersa, Aispurú o el mismísimo chófer del ministro Lauritto, Cabrera, denunciado como miembro de los grupos de tareas que funcionaron en Concepción del Uruguay. El ministerio de Salud sigue siendo ocupado por el ministro Cettour, fuertemente cuestionado por las organizaciones civiles y de género y hasta por los medios periodísticos financiados por el gobierno nacional como Página 12. En el marco de la Educación, el gobierno provincial impulsó como rector de la UNER al Dr. Gerard, que había sido Secretario Académico de la Facultad de Administración durante la dictadura y defensor de la aceptación de los fondos de la minera La Alumbrera. Recientemente, manifestó que no utilizaría esos recursos, si bien nada dijo de rechazarlos. Por último, en el marco de la Universidad (no Autónoma hasta ahora) de Entre Ríos postula para Rector y Vicerrector a personajes claramente ligados a posiciones de la derecha como Marino Schneeberger y Sebastián Aguilar. En síntesis, no existen políticas del gobierno provincial que puedan ameritar la caracterización de "progresistas". Quizás la única excepción podría haber sido la intención de gravar a los pooles de siembra, que quedó archivada en los cajones del Ministerio de la Producción. La provincia requiere dejar de ser una mera sucursal del gobierno nacional y desarrollar una política propia que la devuelva al lugar que alguna vez supo ocupar. * Referente de Movimiento Proyecto Sur en Entrre Ríos - Ex candidato a gobernador en 2011 URL: http://www.debateplural.com.ar/textocomp.asp?id=461 |
¿De qué progresismo hablamos? - Por Darío Olivera
